Fuente: La Jornada
El ataque registrado ayer contra el Fuerte Paramacay, base de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ejército) en la ciudad de Valencia, en el norte de Venezuela, –perpetrado por quienes se autodefinieron como un grupo cívico-militar y que fue calificado de terrorista paramilitar por el gobierno que preside Nicolás Maduro– da cuenta de la virulencia golpista a la que han llegado algunos sectores de la oposición en el país sudamericano. Cabe recordar, como antecedente inmediato, que a fines de junio pasado tuvo lugar en Caracas el robo de un helicóptero por parte de un policía desertor, el cual empleó la aeronave para atacar con granadas y disparos las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Interior, afortunadamente sin causar víctimas. La acción de ayer en Valencia, en cambio, dejó un saldo de dos muertos entre las filas de los atacantes y de ocho detenidos, en tanto que un número indeterminado de los asaltantes lograron darse a la fuga.

Así, tras los agitados días precedentes en los que el régimen organizó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente regresó a la prisión al líder disidente Leopoldo López y, posteriormente, destituyó a la fiscal general Luisa Ortega, todo ello con el telón de fondo de violentas protestas callejeras en diversas ciudades, parece abrirse una nueva y peligrosa vía para dirimir la confrontación entre la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y el gobierno bolivariano: los intentos por fracturar a las fuerzas armadas, que hasta ahora se han mantenido leales a Maduro, y llevar a un sector de ellas a emprender un golpe de Estado. El empeño en conducir la crisis política venezolana en semejante dirección podría desembocar, en cambio, en la gestación de una guerra civil e incluso en una desestabilización regional de proporciones imprevisibles.

Resulta obligado señalar que el persistente injerencismo de Washington y de sus aliados y el afán de descalificar al gobierno de Caracas y de tomar partido en favor de los grupos opositores, lejos de contribuir a una solución pacífica de la aguda polarización por la que pasa Venezuela, alimentan las perspectivas violentas e indeseables mencionadas, en las cuales el pueblo venezolano se vería expuesto a sufrimientos exponencialmente mayores a los que sufre hoy en día.

Es pertinente a este respecto recordar, guardando las diferencias, que en Irak, Libia y, parcialmente, en Siria, a raíz del empecinamiento estadunidense en destruir a gobiernos que consideraba hostiles, se establecieron vacíos de poder y territorios de nadie en los que rápidamente proliferaron la barbarie, el caos y el terrorismo. La desestabilización de Venezuela desde el exterior podría conducir a la gestación de un escenario semejante en América Latina, y es ineludible preguntar si tal es el propósito de los gobiernos que acompañan a la Casa Blanca –el de México, en primer lugar– en su afán por aislar, deslegitimar y destruir al régimen bolivariano.

Es preciso demandar, pues, que los actores oficiales externos saquen las manos del acosado país sudamericano, depongan sus extravíos injerencistas y se atengan al principio de No Intervención, así sea porque en un plazo no tan largo podrían experimentar en carne propia las consecuencias indeseables de un conflicto mucho más grave y extendido que el que hoy padece Venezuela y de cuya génesis serían corresponsables.